Entrada del: 7-07-2013
26JUL
¿Fin a la discriminación con las tiras reactivas glucosa?
Como sabéis, en esta web he venido denunciando, repetidamente, la inequidad que supone que valencianos (2.26€) gallegos y canarios (0.45€) y andaluces (1.50€) paguen por sus tiras reactivas mientras que en el resto de España no se abone nada.
La razón de esta inequidad se basa en el tipo de dispensación: oficinas de farmacia vs centros sanitarios.
Ayer jueves, 25 julio, el BOE publicaba la Ley 10/2013, de 24 de julio, que viene a trasponer diversas directivas europeas y se modifica la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.
Leer con atención:
Se añade un nuevo párrafo al artículo 88.1, con la siguiente redacción:
«Las medidas tendentes a racionalizar la prescripción y utilización de medicamentos y productos sanitarios que puedan adoptar las comunidades autónomas no producirán diferencias en las condiciones de acceso a los medicamentos y productos sanitarios financiados por el Sistema Nacional de Salud, catálogo y precios. Dichas medidas de racionalización serán homogéneas para la totalidad del territorio español y no producirán distorsiones en el mercado único de medicamentos y productos sanitarios.»
Parece evidente que a partir de la entrada en vigor de esta ley (hoy viernes 26 julio) valencianos, gallegos, canarios o andaluces deberíamos abonar nada por nuestras tiras reactivas.
Mi consejo es que guardéis todos las facturas de compra (debe aparecer vuestro nombre o identificación). Podéis necesitarlos para reclamar esas cantidades.
Pero la información no acaba aquí:
El apartado 5 del artículo 2, queda redactado en los siguientes términos:
«5. Se prohíbe la venta por correspondencia y por procedimientos telemáticos de medicamentos y productos sanitarios sujetos a prescripción. La normativa de desarrollo establecerá los requisitos aplicables y regulará dichas modalidades de venta con respecto a los medicamentos no sujetos a prescripción garantizando
¿Se prohíbe comprar tiras reactivas, bombas de insulina o medidores continuos por internet?
No se vayan todavía, aún hay más:
«Artículo 77. La receta
La receta médica, pública o privada, y la orden de dispensación hospitalaria son los documentos que aseguran la instauración de un tratamiento con medicamentos por instrucción de un médico, un odontólogo o un podólogo, en el ámbito de sus competencias respectivas, únicos profesionales con facultad para recetar medicamentos sujetos a prescripción médica.
Sin perjuicio de lo anterior, los enfermeros de forma autónoma, podrán indicar, usar y autorizar la dispensación de todos aquellos medicamentos no sujetos a prescripción médica y los productos sanitarios, mediante la correspondiente orden de dispensación .
Esto da para interesantes reflexiones.
¿Un podólogo podría recetar tiras reactivas? ¿Y por qué no un psicólogo?
¿Una enfermera podría dispensar una bomba de insulina o un medidor continuo?
Y por último:
Veintinueve. Se modifica el apartado 5 del artículo 78, quedando redactado como sigue:
«5. En el caso de los productos sanitarios queda excluida la posibilidad de realizar publicidad directa o indirecta, dirigida al público en el caso de que un producto esté financiado por el Sistema Nacional de Salud. Esta prohibición de publicidad afecta a las empresas fabricantes, distribuidoras o comercializadoras, así como a todas aquellas entidades que puedan mantener un contacto directo con el paciente. Asimismo, se prohíben las primas, obsequios, descuentos, premios, concursos, bonificaciones o similares como métodos vinculados a la promoción o venta al público de dichos productos.»
Treinta. Se añaden dos nuevos apartados 6 y 7 al artículo 78, con la siguiente redacción:
«6. No podrán ser objeto de publicidad destinada al público los productos sanitarios que estén destinados a ser utilizados o aplicados exclusivamente por profesionales sanitarios.
Si finalmente esto se lleva a cabo estrictamente, es un duro golpe para muchas entidades, proyectos, investigación y formación.
Parece que siempre se puede soslayar la legalidad, pero cada vez es un poco más difícil.
Se supone.